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Deben cambiar políticas de conservación y preservación de especies amenazadas, sólo han generado cao Imprimir E-Mail

En la Convención Sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) realizada en Ginebra Suiza, se abordaron decisiones para emplazar a México en acciones contundentes para la recuperación de la vaquita marina y evitar su extinción, lo mismo que con la totoaba

 

Cabo San Lucas, Baja California Sur, México (Tribuna de Los Cabos Ligia Romero Gutiérrez 27 Agosto 2019).- Carlos Eduardo Narro Flores, asesor ambiental y representante de la Asociación Sudcaliforniana de Pesca, dio a conocer que  lo sucedido en la Convención Sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) realizada en Ginebra Suiza, se abordaron decisiones para emplazar a México en acciones contundentes para la recuperación de la vaquita marina y evitar su extinción, lo mismo que con la totoaba, “lo más relevante de todo esto, es que la política de México en este tema es seguir con las mismas cosas y desafortunadamente las acciones que ha tomado no han dado resultado en los últimos 20 años, y mientras sea así,  los resultados serán los mismos”.

 

Añadió que no hay un cambio real en cuanto a detener la extinción de la vaquita marina y perderla totalmente, en términos de una población silvestre de 15 ejemplares y no se sabe si son machos o hembras, así como su estructura por edad, técnicamente es una población extinta.

 


“Se tienen que tomar acciones de fondo con una perspectiva diferente a lo que se ha venido haciendo,  las autoridades tienen que realizar un análisis más profundo de las circunstancias que han ocasionado esta pérdida”; agregó que hace 15 años el problema no se relacionaba directamente con la totoaba sino con la pesca de los cucapás en el Golfo de Santa Clara, en la parte alta del Golfo de California, sin embargo con el paso del tiempo las especies en riesgo de desaparecer crece.

 

Detalló que en la actualidad la problemática de la totoaba y la vaquita marina es muy grave, “las sanciones que puedan venir del CITES y que a su vez se reflejan a través de la Organización de las Naciones Unidas pueden tener repercusiones comerciales severas y lamentablemente en México aún no se tiene una estrategia de vigilancia ni de inspección y prevención de los recursos marinos.

 

Recalcó que la pérdida de especies en los altos del Mar de Cortés se dio en el momento en que se modificó el flujo de agua dulce que viene del Río Bravo y que desembocaba en el Golfo de Santa Clara, fuente de actividad ambiental que generaba una diversidad de especies y sustento para la vaquita marina que tiene unas características muy particulares”.

 

Subrayó que las actividades pesqueras y la disminución del flujo de agua dulce repercuten en la actividad primaria del Golfo de Santa Clara, la falta de supervisión e inspección son factores que deben cambiar, “estamos en una etapa de desarrollo regional y social en el que tenemos información muy a la mano, y desgraciadamente la toma de decisiones  no se basa en la información que se tiene disponible, además de que la estructura de organización para la prevención de las actividades ilícitas se siguen basando en la estructura de los últimos 50 años, y no han dado resultado”.

 

Abundó que es necesario empoderar a las comunidades locales para que tengan  responsabilidades y obligaciones, así como beneficios en cuidar los recursos, “como ejemplo está el caso de Cabo Pulmo, en el que la comunidad tomó la decisión de cuidar su entorno, pues en 15 años no se tuvo ninguna participación por parte del Gobierno, por lo que residentes fueron los responsables de crear esta ola de cambio y de éxito en materia de conservación, acción que podría replicarse a nivel estatal o regional”.

 

Puntualizó que la falta de inspección y planeación sólo han traído caos; “los convenios que tiene firmados la Conapesca con los gobiernos estatales podrían ser útiles, debido a que hay recursos obtenidos de la pesca deportiva y que se manejan a través de un fideicomiso local, y en el caso de Baja California Sur, llega a más de 30 millones de pesos al año,  ahí podríamos tener recursos para  vigilancia e inspectores con facultades y equipos suficientes que estarían  distribuidos en toda la costa del estado”.

 

Concluyó, “es una pena que en México se viva está situación de amenaza y que lo más decepcionante, es que en esta etapa del Gobierno federal, no se percibe con claridad alguna estrategias a tomar en este tema y qué es lo que vamos a cuidar”.

 
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